La justicia vuelve a pararle a Trump el envío de venezolanos a El Salvador
La orden de suspensión, válida por 14 días, fue emitida por el juez Fernando Rodríguez Jr., elegido por el propio presidente estadounidense durante su primer mandato
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Un juez federal en el estado de Texas ha bloqueado temporalmente las deportaciones de venezolanos al centro penitenciario de máxima seguridad en El Salvador, una campaña de expulsiones ordenada por la Administración Trump bajo una antigua Ley de Extranjeros Enemigos, de 1798, reactivada ahora.
La razón es que los venezolanos demandantes fueron detenidos en Texas y las denuncias debían formularse allí. Este fallo de ahora debería paralizar las expulsiones, pero la fiscalía ya ha anunciado otro recurso al Supremo, una corte que ya ha dado indicaciones de que considera que el presidente tiene la potestad de dictar la política migratoria.
La decisión llega apenas dos días después de que el Tribunal Supremo trasladara el caso desde Washington, la capital, a Texas, donde se concentra ahora la ofensiva judicial contra esta política migratoria.
La orden de suspensión, válida por 14 días, fue emitida por el juez Fernando Rodríguez Jr., elegido por el propio Trump durante su primer mandato, y con sede en Brownsville, en la frontera con México.
El juez Rodríguez consideró en su medida cautelar, emitida este miércoles, que expulsar de inmediato a los venezolanos supondría un «daño inmediato e irreparable» y, por tanto, una vulneración de sus derechos civiles.
En paralelo, un juez en Nueva York, Alvin Hellerstein —nombrado por Bill Clinton— dictó una orden similar para impedir deportaciones en su jurisdicción, que abarca Manhattan, alegando un «peligro inminente» de remoción sin garantías legales.
Ambas decisiones afectan de forma directa a cinco inmigrantes venezolanos que fueron detenidos en Texas y trasladados a instalaciones federales en otros estados en espera de su expulsión.
La Casa Blanca justifica su actuación por la supuesta pertenencia de estos inmigrantes al grupo criminalTren de Aragua, al que Trump ha vinculado con una operación de guerra irregular, una invasión, dirigida por la dictadura de Nicolás Maduro.
El presidente activó en marzo esa Ley de Extranjeros Enemigos, que apenas ha sido utilizada tres veces en la historia, para autorizar arrestos y deportaciones sin audiencia previa.
En una decisión dividida, el Supremo permitió esta semana continuar con las deportaciones, aunque condicionó su ejecución a que los afectados puedan presentar recursos individuales de «habeas corpus» en tribunales federales.
(El «habeas corpus» es un recurso legal que permite a una persona detenida o encarcelada solicitar ante un juez que se revise la legalidad de su detención. Es una garantía fundamental contra detenciones arbitrarias).
Las deportaciones se están ejecutando bajo un acuerdo directo entre Trump y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que ha puesto a disposición el llamado Centro de Confinamiento por Terrorismo (CECOT), una prisión diseñada para integrantes de bandas criminales. Washington paga a El Salvador unos seis millones por detención de los reos un año.
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La medida ha generado preocupación entre expertos y organizaciones de derechos humanos, que denuncian la ausencia de pruebas y el uso de elementos aleatorios como tatuajes o vestimenta para determinar la supuesta pertenencia al Tren de Aragua.
Algunos expulsados a ese tercer país son residentes legales en Estados Unidos. La mayoría niega ser integrante de banda criminal.
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