«Hola, señor o señora juez. Soi [sic] Gabriel Arcuri Rivas. Me han dicho que habrá de nuevo una entrega para irme con mi padre, y me gustaría pedir ayuda. Sé que hay leyes para ayudar a los niños, lo he bisto [sic] en mi cole. Por favor quiero que alguien nos ayude lo hantes [sic] posible para vivir tranquilo yo y mi hermano. Mi sueño en la vida es poder vivir yo y mi hermanito de tres años con mi madre sin ninguna preocupación. Gabri. 27-08-17».
La carta, manuscrita, llegó al juzgado de Granada ese mismo día. Gabriel Arcuri, 10 años, pedía al juez que él y su «hermanito» Daniel, de tres, se quedaran con su madre en Maracena (Granada). Un día después, y tras un año resistiéndose, el último buscada por la Policía, Juana Rivas entregaba a sus hijos en sede judicial.
En los años posteriores Rivas sería condenada por sustracción y tachada de «manipuladora» por dos sentencias italianas, que dieron la custodia en exclusiva a Arcuri, «único progenitor capaz de cuidarles», pero aquella carta de Gabriel Arcuri fue la primera de varias. En ella el niño no hablaba de violencia: sólo decía que quería estar con su madre.
Tampoco al principio de la sustracción, cuando en 2016 se quedó en Granada con los niños tras unas vacaciones, Rivas denunció más violencia que la presuntamente ejercida por Arcuri sobre ella —más allá de la pelea en 2009 entre ambos, tras una noche en que Rivas salió de marcha y Arcuri se quedó cuidando de Gabriel: se cruzaron denuncias y, aunque él tenía más lesiones que ella, terminó retirando la suya y aceptó tres meses de condena para volver a ver al hijo que ahora le desprecia—.
Sin embargo la presunta violencia hacia los niños iba a ir emergiendo en el discurso de Gabriel. Justo un año después de la primera carta, ABC publicaba «tres misivas manuscritas» en que Gabriel, 11 años, describía la vida con su padre como «una peli de miedo».
"ME LLAMA MIERDA"
Textualidad: «Cada día me llama mierda, no valgo nada, soy un gusano asqueroso, me agarra las muñecas, me pega tortazos, empujones... A mi hermano lo abandona y le amenaza. Le tira por las escaleras, nos da tortazos, nos tira sillas, me empuja contra la pared apretándome el pecho, me aprieta sus manos en mi cuello sin dejarme respira, me da mucho miedo de morir. Me aprieta de las muñecas y los brazos, me amenaza, me tira de la camiseta hasta arrancármela».
Un testimonio tan inverosímil que la psicóloga forense Ludovica Iesu, que poco después recomendó una custodia exclusiva del padre e imputó a la madre un «funcionamiento mental patológico», certificó que las frases de Gabriel estaban «más conectadas con un conflicto parental que con una experiencia real».
Dio igual. En 2020, a la vez que una pedagoga y una asistente social públicas establecían que Arcuri seguía siendo «atento y adecuado en el cuidado y la educación de sus hijos», Rivas insistía en que Gabriel le relataba abusos que tan pronto ella denunciaba la Fiscalía lo tachaba de «inverosímiles» y procedía al archivo.
Ahí ya entraba en juego incluso Daniel, el hijo pequeño. El 30 de noviembre de ese año, Daniel Arcuri le dice a la educadora Napoli que su madre «le anima a decir a los abogados que el padre le golpea, pero no está contento de decir esas cosas». Napoli le tranquiliza diciéndole que «el siguiente encuentro con la madre será en Cagliari, sin abogados españoles, y el niño se calma, diciendo que en caso contrario no querrá ver a la madre», escribe la profesional.
Comienza una catarata de presuntas denuncias de Daniel que luego se revelan inducidas. El 24 de mayo de 2022 el niño cuenta a la psicóloga Tradori: «Desde hace cuatro años el padre, unas cinco veces por semana, me lanza, me hace caer por las escaleras, me golpea». El crío, de siete años, dice querer «liberarse» y vivir en España con su madre. Dos semanas después el chaval, como si nada, le admite a la abogada Desogus, mediadora nombrada por el juez —una especie de figura imparcial encargada de asegurar el bienestar de los niños—, que todo era mentira: «Admite que había sido inducido a decir mentiras por la madre». Con una adenda: «También por el hermano mayor, Gabriel».
Gabriel ya está entonces, recogen los psicólogos, «en funcionamiento simbiótico y regresivo con su madre, para garantizarse, ilusoriamente, un vínculo con ella» —todos los textuales proceden de documentos oficiales de la causa, a los que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO—. Pronto el hijo mayor, ya con 16 años y por «conflictos típicos de la adolescencia» con su padre (según sentencia de 2023), se irá a vivir a Granada con su madre.
El 13 de junio de 2022 Daniel le confiesa al fiscal De Nicola: «Prefiero quedarme en Carloforte con mi padre [...], porque mamá me dice que diga mentiras cuando estoy con ella. Digo las mentiras porque no quiero que se enoje conmigo. Gabriel dice muchas más mentiras que yo. Sé por mamá que ella también le dice a Gabriel que mienta».
Ese año, al volver de vacaciones en España, Daniel cuenta a Tradori: «La mamá es como si me hubiera lavado el cerebro hablándome de papá, diciendo mentiras sobre papá, que papá me golpeaba, no es verdad. Gabriel dice que si no lo digo, la mamá irá a la cárcel. Me obliga a hacer vídeos, a decir que quiero vivir allí. Yo no quiero vivir allí. Quiero vivir aquí. Me dice: "Tu papá te golpea, te tira por las escaleras. Daniel, si no dices esto, nunca más te dejaré ir a Carloforte"».
En enero de 2023, al volver con su padre tras la Navidad, Rivas denuncia que el niño le ha contado en varios mensajes agresiones de su padre. Alarmas encendidas de nuevo. Y de nuevo Daniel cuenta «con naturalidad» a la educadora Napoli que «no había escrito esos mensajes, que en realidad habían sido escritos por la madre con la ayuda de una tal Patricia, utilizando aplicaciones y el sistema de captura de pantalla para modificar fechas».
"QUE VENGAN ELLOS"
El tribunal civil de Cagliari, el que ahora reclama a Daniel en Italia por ser el verdadero conocedor de su historia, toma declaración al niño el 6 de diciembre pasado. Arcuri ha comunicado más intentos de manipulación por parte de la madre tras el verano, pero la corte quiere preguntar al chaval si aún así quiere ir a España en Navidad: «Quiero ver a mi mamá y mi hermano, pero prefiero que vengan ellos aquí», le dice a la mediadora Desogus.
Rivas alega sin embargo problemas de espalda y la juez, con la obligación de facilitar el acceso del hijo a los dos progenitores, concede el viaje con draconianas condiciones antimanipulación: Daniel debe hablar cada día con su padre —no habla ninguno— y Desogus debe asegurarse de que todo fluye —tampoco sucede—.
Para entonces Rivas ya tiene un as en la manga: tras considerar durante ocho años increíbles las denuncias de Gabriel, y archivadas todas por Fiscalía (que había llegado a advertir a los carabinieri de Cerdeña de que no le pasaran más partes de lesiones sin lesiones de los niños), el fiscal jefe aparta al que venía encargándose del tema —que justo iba a archivar otra tanda— y, tras la enésima «carta», da credibilidad a Gabriel y abre diligencias contra su padre por presuntos malos tratos sobre menores.
¿Y si todo era verdad? Rivas logra, al menos momentáneamente, hacer creíble el discurso que decenas de psicólogos, trabajadores sociales y jueces han visto «increíble» durante años: aunque nadie ha registrado nunca daño alguno en los niños, y durante ocho años ha habido todo tipo de observadores en el hogar de Arcuri (durante cinco años, dos veces por semana), éste supuestamente ha conseguido ocultar abusos y aterrorizar a sus hijos.
Daniel, como en otras ocasiones estando con su madre, le dice a la juez de Instrucción 4 de Granada que su padre le maltrata... Pero no de forma tan convincente para la responsable de Violencia sobre la Mujer 2, que dice no creérselo.
¿Y ahora?